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YO ACUSO. LA ABERRANTE DESTITUCION Y SUSPENSION DE TRES JUEZAS QUE SÍ TIENEN QUIEN LE ESCRIBA.

April 8, 2018

Ante todo un breve introito auto biográfico. Es necesario.

 

Me llamo Washington Espino. Ex Juez. Destituido por la Suprema Corte de Justicia por “faltas graves en el desempeño de sus funciones” en el año 2004. Revindicado parcialmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  13 años después, con un informe que abre juicio en contra del Estado Dominicano, tras acoger una petición denuncia que hiciera a raíz del proceso disciplinario que me separó del sistema de justicia. Ni antes ni después algún juez dominicano sancionado ha llegado tan lejos. No ejerzo en materia penal. En esa condición escribo estas líneas.

 

ENIDIA ALTAGRACIA OLIVARES BONIFACIO, JOSEFINA NOEMI DIAZ MARTE Y ANTONIA ROSARIO VENTURA, son tres juezas de San Francisco de Macorís.  En el año 2017 dictaron sentencia de descargo a favor  de un acusado de haber dado muerte a un ciudadano. Su decisión unánime provocó la apelación del fallo y la interposición de una querella disciplinaria ante el Consejo del Poder Judicial.

 

Antes de que se les condenara disciplinariamente, ya habían sido asesinadas moralmente. Una despiadada campaña de descrédito, coordinada  magistralmente por uno de los abogados querellantes y un comunicador que se puso a su servicio para pagarse favores recíprocos, ponía y exponía  a las tres magistradas en el foro público, dando como un hecho que habían recibido sobornos millonarios para evacuar la sentencia de absolución.

 

Las acusaciones en contra de las tres, sustentadas en un informe del Departamento de Inspectoría del Poder Judicial,  eran graves. 1) Un depósito hecho en la cuenta de una de las hijas de la Magistrada Olivares Bonifacio, Presidente del Tribunal, por 2 millones de pesos, que a juicio de la inspectoría podía revelar la existencia de un acto de compra de conciencia; 2) Un “inusual, injustificado y no declarado” monto en los fondos de ahorros de la Magistrada Díaz Marte; 3) Una variación en la motivación de la sentencia entre las explicaciones orales dadas en audiencia y el contenido escrito del fallo y  4) Unas conversaciones privadas entre la Presidenta del Tribunal y el susodicho abogado querellante.

 

En la sustanciación del proceso disciplinario el órgano sancionador determinó que: 1) El depósito de los dos millones de pesos hecho en la cuenta de ahorros de una de las hijas de la Magistrada Olivares Bonifacio se había realizado varios meses antes de que ésta fuera siquiera apoderada del expediente penal que culminó en absolución del imputado y que las declaraciones de la hija de la jueza, mayor de edad y titular de la cuenta, así como la ponencia del dueño del dinero, eran contundentes pruebas de que ese depósito nada tenía que ver con la jueza sometida a juicio disciplinario ni se podía retener ninguna censura al origen de los recursos y  2) Que contrario a lo que reportaba el informe de inspectoría, la Jueza Díaz Marte sí había declarado el monto de sus cuentas bancarias y que ese balance era totalmente compatible con sus ingresos como empleada del Poder Judicial.

 

Pero el Consejo del Poder Judicial, mediante su resolución 12/2018, destituyó de sus funciones a ENIDIA ALTAGRACIA OLIVARES BONIFACIO y suspendió por un mes sin salario a JOSEFINA NOEMI DIAZ MARTE y a ANTONIA ROSARIO. A las tres les retuvo faltas graves en el desempeño de sus funciones.

 

Las causas de su sanción? Una ligera diferencia  entre las razones del descargo expuestas oralmente en audiencia y lo expuesto por escrito en el fallo. La exposición oral de la magistrada motivadora, hecha luego de varias horas de deliberación, agotamiento y tensión, tal parece que tenían que ser milimétrica y exactamente plasmadas en la versión escrita. Por ese hecho las tres fueron sancionadas.

 

La medida más drástica, la destitución, le fue aplicada a Enidia Olivares. Las prueba en su contra? Unas conversaciones de whatsapp, privadas, sostenidas por ella con el abogado querellante. La conversación fue suministrada por el propio abogado, sin autorización judicial de interceptación y   sin la autorización de su interlocutora. La  vinculación del contenido de las conversaciones  con el caso no se pudo determinar.   

 

Enidia consideraba al abogado querellante  como su hijo; el abogado la consideraba como su madre. Por eso hablaban.

 

Ella y sus compañeras fallaron en contra de sus representados. El le cobró la “osadía”,  suministrando ilegalmente las conversaciones y declarando que los mensajes entre ellos se referían al caso que se estaba conociendo.

 

Ella quedará destituida; ellas quedarán suspendidas; sus pares en todo el país volverán a contemplar otra aberración jurídica sin inmutarse. Y yo seguiré esperando que alguna vez, un cargo no compre indiferencia ante las injusticias.

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